Saludé por casualidad al obispo Robert Finn, de Kansas City, Missouri, hace unos años, cuando visité en esa ciudad la sede del semanario National Catholic Reporter. Me dio la impresión de ser una persona dinámica, decidida y transparente. Al obispo se le acusa ahora de haber fallado en un caso de abusos cometido por un sacerdote de su diócesis, de modo que –según se ha ventilado- será el primer obispos llamado a presentarse ante un tribunal por esta causa.
Me refiero a este caso porque leyendo la prensa saqué unas conclusiones que ahora, al leer con mayor atención, veo que eran equivocadas. El caso no tiene nada que ver con el esquema “violador que sigue impunemente abusando, ante la indiferencia de las autoridades”, tal como sugieren (o dicen explícitamente) no pocas noticias de prensa e incluso editoriales (como el del New York Times -necesario registrarse). Si el sacerdote ha sido investigado fue precisamente porque la diócesis levantó el caso, a pesar de que no había ninguna acusación contra él. Por otra parte, no se le atribuyen delitos de violación sino fotografías indecentes.
Me parece obvio que cualquier acción que vulnere la integridad moral de una persona, especialmente de un niño, es particularmente incalificable. Si se confirma la verdad de la acusación, que sacerdote hizo esas fotos, el hecho es todavía más repugnante. Pero considero injusto lanzar la artillería contra el obispo, dando a entender que ha encubierto a un criminal cuando lo que ha hecho es dar los pasos necesarios para aclarar el caso.
(Hago una brevísima síntesis del caso en la segunda parte de la entrada).
En diciembre pasado, un técnico vio en el portátil del sacerdote incriminado unas fotografías de niños, entre ellas una indecente. El técnico decidió informar al obispo, quien consultó con un policía y después con un abogado si el hecho era denunciable como pornografía infantil. En ambos casos obtuvo respuesta negativa. El sacerdote, enterado del asunto, intentó suicidarse. No falleció, pero pasó varias semanas al borde de la muerte. El psiquiatra que lo examinó dijo que no era un pedófilo sino que padecía depresión.
El obispo envió al sacerdote a un monasterio, ordenándole no acercarse a niños, y alejándolo del ordenador y de las cámaras de fotos. En mayo, el sacerdote rompió esas restricciones y acudió a una fiesta infantil. Ante ese hecho, y a pesar de que en ningún momento se recibió ninguna denuncia, desde la diócesis se avisó a la policía. Como consecuencia de un registro, se le descubrieron otras fotografías en el ordenador, en este caso de contenido inequívoco.
El procurador local (que está en plena campaña para su reelección y a quien tal vez no estorba un poco de notoriedad) acusa al obispo de no haber denunciado al sacerdote en diciembre cuando –afirma- existía una “sospecha razonable” de que estaba actuando mal. Como el concepto de “sospecha razonable” es muy difícil de definir, lo que atribuye al obispo no es un “delito” sino una “falta”. Eso no le ha impedido anunciarlo a bombo y platillo.
Sobre este caso es interesante seguir las informaciones de la “Catholic League”, habitualmente muy crítica con los errores de los obispos en este campo, pero en esta ocasión totalmente a favor de la actuación seguida por el obispo Finn.
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