El género periodístico llamado editorial sirve para comentar las noticias que el diario supone que ya son conocidas por el lector. A veces, se ofrecen en el mismo editorial algunos datos informativos, para centrar la cuestión y hacer más comprensible el punto de vista que ofrece el diario: un punto de vista que es institucional, es el diario quien habla. Por eso no van firmados.
Hasta aquí lo que es una práctica profesional compartida. El problema surge cuando los datos en los que se basa el comentario son falsos: es decir, informaciones que no se corresponden con la realidad. Lo que a veces es más llamativo, pues las fuentes son facilmente accesibles. Por desgracia, eso es lo que sucede con el editorial “Rebelión católica”, sobre la polémica Vaticano-Irlanda, publicado por el diario El País. Dejamos de lado lo que puedan opinar sus autores, mencionemos solo algunos hechos. Se lee en los dos primeros párafos:
"Un nuevo y demoledor informe judicial, el cuarto, sobre los abusos sexuales cometidos por el clero y encubiertos por la jerarquía católica de Irlanda ha dejado en evidencia, una vez más, al Vaticano y a su cabeza visible, Benedicto XVI. En realidad esta es la novedad de este informe respecto a los anteriores, que se limitaban a cuestionar el papel de la iglesia irlandesa.
Como en los anteriores, este señala que 19 clérigos, entre ellos el obispo John Magee, han sido investigados por abusar de decenas de niños entre 1996 y 2009 en la diócesis de Cloyne (Irlanda), y que tanto Magee como su segundo han mentido a la justicia y ocultado los hechos amparando a los delincuentes y desprotegiendo a las víctimas; pero además señala directamente la responsabilidad de Roma por "las disfunciones, la desconexión, el elitismo y el narcisismo que dominaba la cultura del Vaticano".
Quien ha escrito esas líneas, evidentemente, no ha leído ni una página del informe Cloyne (disponible aquí): el obispo Magee no está acusado de cuestiones sexuales; no se saca a colación a Benedicto XVI; la única mención al Vaticano es una implícita acusación –de la que no se aportan datos- de que la carta del nuncio de 1997 podría haber aflojado el empeño de los obispos en la protección de los jóvenes (una preocupación que el propio informe despeja, pues alaba las normas eclesiásticas como muy superiores a las estatales). Se oculta que la finalidad del informe es, precisamente, ver si en la diócesis de Cloyne se siguieron las normas fijadas por la propia Iglesia local en cuanto al tratamiento de las denuncias por abuso. Las denuncias estudiadas se presentaron en 1996 y 2009, pero el informe especifica que se refieren a episodios (presuntamente) ocurridos por lo general décadas antes, a partir de finales de los años ’30. Sin duda, la lectura del documento hubiera ayudado a escribir un editorial y no una soflama.
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