El gobierno de Tony Blair ha decidido no acoger el derecho a la objeción de conciencia de las agencias católicas dedicadas a las adopciones de niños. La Iglesia católica había pedido, en efecto, que sus instituciones no fueran obligadas a tramitar adopciones destinadas a parejas gays (petición que fue respaldada por la Iglesia de Inglaterra y por la comunidad islámica de Gran Bretaña). El gobierno ha acordado que las instituciones católicas se deben adecuar a esa norma (Equality Act) en un plazo de veinte meses (y no seis, como pedían algunos ministros).
No excluyo que en esos veinte meses –si prevalece el sentido común- se puedan encontrar otras soluciones, pues a nadie interesa perder el trabajo que realizan las doce agencias católicas, que se verían obligadas a cerrar. Aunque sólo se ocupan de unos doscientos treinta casos al año, el 4 por ciento de los niños adoptados anualmente en Gran Bretaña, todos reconocen que se trata habitualmente de las situaciones más difíciles.
Al informar sobre este debate, buena parte de la prensa ha descrito a una de las protagonistas, la ministra para las Comunidades, Ruth Kelly, como “ferviente católica”, "catolicísima", “ultraconservadora” o con expresiones similares. Daba la impresión de que con esas etiquetas se pretendía subrayar que actuaba como obligada o condicionada por el hecho de ser católica... Es decir, una “papista” al servicio del Vaticano, mientras que las demás partes del debate aparecían como “libres”, pues no se les aplicaban expresiones que hicieran referencia a sus puntos de vista. La realidad es muy distinta. Por citar solo una de las más mencionadas, de Angela Eagle solo se ha dicho que es una "potente parlamentaria", pero -siguiendo la lógica usada con Kelly- habría que haber añadido que se trata de una reconocida militante lesbiana. Como se suele decir, aquí o jugamos todos o rompemos la baraja.











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